Las dificultades de los autónomos: «No cojo el permiso de paternidad porque no me compensa»

Luis (nombre cambiado) está a punto de ser padre por tercera vez. Otro niño. Trabaja de dentista en Barcelona y es consciente de que no se va a tomar la baja por paternidad: «No me sale rentable», dice. Trabaja por cuenta propia y no está dispuesto a que le recorten los ingresos. Aunque a regañadientes, dice que cotiza a la seguridad social por la base mínima (960,60 euros) -por la que paga una cotización mensual de 294 euros- y que si, durante las 16 semanas a las que legalmente tiene derecho, deja de trabajar ( los primeros seis seguidos) recibiría una cantidad muy inferior a la facturada durante ese período.

Su caso no es un caso aislado, sino que sirve para mostrar una tendencia consolidada dentro del colectivo de los autónomos: Según las organizaciones que los representan, ocho de cada diez autónomos no disfrutan del permiso parental. Un comportamiento relacionado en otra medida similar: dos de cada tres contribuyen a la base mínima y por tanto a la prestación por nacimiento y cuidado de un menor (así se dice desde 2019), a la que tienen derecho al mínimo. Se calcula a partir de la media de todas las bases de cotización en los seis meses anteriores al nacimiento del hijo y, en base a este supuesto de cotizaciones mínimas -y suponiendo que esta base de cotización se hubiera mantenido constante a lo largo de todo el semestre- ascendería a 960,60 euros. . También estarían exentos de pagar sus cuotas mientras estén de baja por enfermedad.

Jorge Caprile trabaja como consultor de marketing en Barcelona. Lleva un año como autónomo y hace dos meses nació su primer hijo Elio. Ha decidido tomarse un permiso y tras las primeras seis semanas obligatorias, por las que dice que le pagaron 1.900€, ahora disfruta de un permiso de paternidad a tiempo parcial, lo que le permite trabajar solo la mitad de su jornada laboral. “El Estado me paga alrededor de 500 euros, pero puedo seguir con mis cálculos”, dice al otro lado de la línea. Además, con esta fórmula de combinación, las 10 semanas restantes se duplican a 20.

Sin embargo, entiende que su solución no es práctica para otros autónomos. «Este nuevo sistema me parece mejor que el anterior, pero me sigue pareciendo injusto porque la cuota que tienes que pagar es un porcentaje muy diferente en función de tus ingresos y a mucha gente le resulta una carga muy pesada», reflexiona. Al mismo tiempo, da otra pista: «Conozco gente que era autónoma, y ​​cuando fueron padres decidieron dejarlo».

Tal es el caso de Maite Alcántara. Después de trabajar sola durante tres años, decidió renunciar en 2017, madre de gemelos. “Después de hacer muchos números y hablar con mi agencia, descubrí que la prestación que obtenía como autónomo rondaba los 600€ y si me daba de baja y me daba de alta como desempleado podía llegar a los 1.800€. Era un mundo de diferencia”, recuerda. Eso hizo. Y tras la baja por enfermedad, volvió a su profesión de arquitecta, pero esta vez como oficinista. “El nuevo sistema de notación me parece que mejora el actual, pero está lejos de ser compensado”, subraya. «No me parece lo suficientemente atractivo como para decidir ser autónomo en este momento», añade.

Jorge Caprile, en su domicilio. Jorge Caprile, en su domicilio. Cristóbal Castro

ajuste justo

El nuevo Régimen de Contribución a la Renta Real aprobado por el Gobierno busca contrarrestar algunos comportamientos que se han estancado entre los trabajadores por cuenta propia a lo largo de los años. Mediante la fijación de 15 niveles reales de renta (diferencia entre renta calculada y gastos deducibles) y la determinación de las correspondientes bases y tipos de cotización (entre 200 y 590 euros mensuales), se pretende un equilibrio más justo para evitar este tipo de situaciones de renta.

Las asociaciones independientes comparten esta visión, aunque con matices. “Es cierto que esta reforma corrige en cierta medida el desequilibrio existente, pero siempre hemos advertido que la mayoría de los autónomos que cotizan a la base mínima lo hacen por inseguridad o vulnerabilidad económica, y así seguirá siendo”, subraya Celia. Ferrero, vicepresidente ejecutivo de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), recuerda que, al contrario de lo que ocurre con los trabajadores (la empresa inicia el trámite para que reciban la prestación), en el caso de los trabajadores autónomos se les los que tienen que empezar todo. “El sistema de seguridad social no tiene forma de comprobar eso, porque el informe lo tiene que hacer el interesado”, subraya. La solicitud del permiso de paternidad no es obligatoria. Sin embargo, esta circunstancia justifica la discriminación específica de género, ya que las oportunidades de las mujeres para volver al trabajo después del parto son significativamente más limitadas debido a las consecuencias del parto.

“El objetivo es luchar contra ese pensamiento cortoplacista que a la larga conduce a la precariedad”, añade María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Trabajadores por Cuenta Propia (Uatae). Se refiere a situaciones como que la pensión de vejez de los autónomos -que también depende de sus cotizaciones- esté de media 600 euros por debajo de la de los asalariados. “A muchas personas les puede parecer buena esta idea porque ahora tienen más recursos, pero pasado mañana les puede pasar cualquier cosa y entonces tienen que conformarse con prestaciones que ahora mismo no les alcanzan”, añade.

Según los expertos, estas medidas también contribuyen a que la imagen de los autónomos siga asociada al fraude. “Puede que sea un cliché, pero es cierto que desde el punto de vista del control gubernamental, ser autónomo no es lo mismo que ser empleado. Por ejemplo, si los autónomos aportan 2.000 euros al mes, se matarían para irse de vacaciones”, apunta Daniel Toscani, catedrático de derecho laboral y seguridad social de la Universitat de València.

Según el Ministerio que preside José Luis Escrivá, entre enero y diciembre de 2021 se pagaron 472.015 asignaciones por nacimiento y cuidado de hijos, con un coste de más de 3.010 millones de euros (de media 6.378 euros cada una). Este año, hasta junio, se registraron 236.112, sacando de las arcas del Estado 1.597 millones, un 16,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

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