Los nuevos impuestos anunciados por el gobierno están entrando en las etapas finales de procesamiento. Este jueves obtuvieron luz verde en el Congreso con 186 votos a favor, 152 en contra y 10 abstenciones. Ahora va al Senado, donde no se esperan sobresaltos. Estos son gravámenes temporales dirigidos a los bancos más grandes, compañías de energía y personas de alto patrimonio. La previsión de recaudación, que ha anunciado Hacienda antes de que el texto iniciara su andadura parlamentaria, era de unos 10.000 millones a lo largo de los dos años que lleva en vigor, con el objetivo de financiar medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Ucrania, que ha provocado a un fuerte incremento en los costos de gas y electricidad y un aumento general en los precios.
El Poder Ejecutivo utilizó el número del proyecto de ley para aprobar los nuevos impuestos bancarios y energéticos, y una reforma a la misma norma para crear el impuesto a la riqueza. Calcula que los tres impuestos estarán vigentes antes del 1 de enero de 2023 y solo afectarán a dos años, aunque prevé realizar una liquidación al final del período para decidir si hacerlos permanentes.
¿Por qué se han aprobado algunos impuestos para bancos y empresas de energía?
Las razones aducidas por el ejecutivo para aplicar los nuevos impuestos a los bancos y empresas energéticas -diseñados como beneficios no fiscales a la riqueza, no como impuestos- son los extraordinarios beneficios que estos sectores están recibiendo por la suba de las tasas de interés a medida que se disparan los precios de las materias primas energéticas Altura . Sin embargo, las tasas se aplican a los ingresos y no a las ganancias, punto que ha generado reticencias entre empresarios, políticos y economistas.
La exposición de motivos del dictamen recuerda que en 2021, «un año de tipos de interés bajos, las principales entidades financieras pagarán dividendos por 13.400 millones, 3.500 millones en el primer trimestre de 2022». Asimismo, el texto menciona que los cuatro grandes conglomerados de los sectores de energía, gas y petróleo que integran el Ibex 35 obtuvieron 9.000 millones de dólares en beneficios en 2021, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
¿Son figuras permanentes o temporales?
Ambos recargos son temporales y se aplican en el próximo año y el año siguiente. A fines de 2023, el gobierno preparará un informe intermedio sobre la primera aplicación y realizará un estudio en el último trimestre de 2024 para evaluar si los dos impuestos deben introducirse de forma permanente.
¿Qué están gravando?
para las entidades financieras, el 4,8% del margen de intereses y comisiones que percibirán en 2023 y 2024, que Hacienda espera recaudar en torno a 1.000 millones al año; A las empresas energéticas se les aplicará una tasa del 1,2% sobre el importe neto de las ventas, con una previsión de recaudación de 2.000 euros anuales en el mismo periodo. El beneficio nace el 1 de enero y debe pagarse dentro de los primeros veinte días naturales del mes de septiembre del mismo año, abonando además un depósito del 50%, que se descontará de la factura final. Ni el pago ni el anticipo son deducibles del Impuesto sobre Sociedades. Los costes tampoco se pueden repercutir en los clientes. Si la sociedad forma parte de un grupo fiscal que tributa en régimen de consolidación, el impuesto sólo se gravará en la declaración consolidada en España.
¿A qué empresas tienen que pagar?
No todas las empresas de los dos sectores estarán sujetas a los gravámenes. En el caso de las empresas de electricidad, gas y petróleo, solo tienen que pagar la actuación aquellas consideradas como principales operadores por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que hayan tenido unas ventas de al menos 1.000 millones en 2019. El negocio regulado y la facturación de sus operaciones en otros países se excluyen y no se incluyen en el importe neto de las ventas de los ingresos correspondientes al impuesto sobre hidrocarburos y otras figuras pagadas o respaldadas con efecto retroactivo. En cuanto a la banca, el umbral -en este caso los intereses y comisiones cobrados- es de 800 millones, tomando siempre como referencia el año 2019. También se exige a aquellas sociedades que se encuentren bajo la supervisión directa del Banco Central Europeo, con independencia del límite anterior. En esta definición se incluyen las sucursales de empresas extranjeras establecidas en España, una demanda de las empresas locales y también del regulador europeo, que también ha presionado para que el impuesto se repercuta en los clientes para evitar distorsiones en el mercado.
¿Qué es el impuesto a las grandes fortunas?
El impuesto de solidaridad sobre la gran riqueza tiene dos propósitos, afirma el gobierno: primero, recaudar para apoyar las medidas contra la crisis, y segundo, armonizar para reducir las disparidades del impuesto sobre la riqueza entre municipios. Este último está cedido a las autonomías y subvencionado íntegramente por algunas de ellas. Es el caso de Madrid y Andalucía -que acaba de anunciarlo-, mientras que Galicia prevé una reducción parcial. Los más ricos de estas zonas también tendrán que cargar con el nuevo número; en los demás, del recargo solidario se puede deducir el impuesto al patrimonio para evitar la doble imposición.
De hecho, el homenaje a la gran fortuna es «complementario» al de la herencia. Su estructura es la misma para contribuyentes, bases imponibles y bases imponibles y también para las bonificaciones: Hay una bonificación mínima de 700.000 euros, se mantienen los primeros 300.000 euros de la vivienda habitual, la empresa familiar o las deudas. .
¿Quién tiene que pagarlo?
Sólo se exige para patrimonios superiores a tres millones de euros (3,7 millones más la bonificación libre de impuestos). Se prevén tres tramos con tipos progresivos: el 1,7% entre tres y cinco millones, el 2,1% entre cinco y diez millones y el 3,5% para activos de mayor tamaño. Se devenga el 31 de diciembre de cada año y afecta el patrimonio neto de propiedad del contribuyente a esa fecha. El primer año en gravar es este año 2022, por lo que los más ricos no tendrán mucho tiempo para planificar cómo reducir su carga fiscal.
¿Cuánto entrará?
Lo recaudará el Estado -la participación de las comunidades forales se determinará en los foros bilaterales que mantengan con el Gobierno en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del impuesto-, que espera introducir por él unos 1.500 millones anuales, más o menos tanto como Madrid deja de cobrar por el impuesto sobre el patrimonio. En este caso, también, se determina que el gobierno evaluará su desempeño al final del período de vigencia del impuesto y decidirá si lo mantiene o suprime.
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